Acompaño la nota Sobre la conflictiva Ley de Salud Mental a propósito del Caso de Chano
En 2010, en la Argentina, se decretó la Ley 26.657 de Salud Mental, que reemplazó a la 22.914 e introdujo muchos cambios. Se reglamentó en 2013 y su objetivo superador era la defensa de los derechos individuales de los pacientes, evitando los posibles excesos de la intervención psiquiátrica, generando un contexto equivalente a sus excepciones y abusos.
En esa línea lógica nada podría existir. La realidad de la psiquiatría no era ni es esa, pero los gestores de la reforma la desconocían porque no la practicaban ni era su campo.
La ley enmarcada en algunos casos por psicólogos que no ejercían la profesión, fue escrita por abogados y reglamentada políticamente. Y en ese ambiente de desconocimiento, colisionaba con la realidad de los pacientes psiquiátricos, ya que de ellos se trata.
Si la ley hubiese sido enunciada para la salud mental general, ese bienestar obviamente nos incluye a todos, pero al dedicarse a personas con patologías psiquiátricas que los eslabones de la cadena de la nueva jurisprudencia desconocían, difícilmente podía ser aplicable.
